Financiamiento de la enseñanza legal

Marilyn Yarbrough, Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos

 

 

 

 

            La provisión de enseñanza superior a todos aquellos que califican intelectualmente para ello ha sido un ideal social en este país durante la mitad del último siglo.  Relativamente hasta hace poco, los esfuerzos para proveer una oportunidad de enseñanza para aquellos que no tenían los recursos para hacerlo era a través de donaciones y becas de matrículas o renuncias de matrículas, con poca dependencia en préstamos de enseñanza.  Sin embargo, en los últimos veinte años, los préstamos para estudiantes se han convertido como el método principal para financiar a los estudiantes en la enseñanza postsecundaria.  Las escuelas de derecho han estado bastante activas asegurando que los estudiantes de derecho tienen acceso fácil a suficientes recursos necesarios para financiar su enseñanza legal y los recursos están disponibles a términos favorables.  El Consejo de Admisión de las Escuelas de Derecho (LSAC por sus siglas en inglés)1, una asociación cuya membresía está compuesta de todas las escuelas de derecho aprobadas por la Asociación Americana de Abogados en los Estados Unidos y quince escuelas de derecho canadienses con programas de derecho común se involucraron en proporcionar préstamos garantizados federales exclusivamente para estudiantes de derecho al final de los 1980s, una función eventualmente asumida por Access Group, una organización no lucrativa que hoy día ofrece préstamos privados y federales a estudiantes, estudiantes de escuelas graduados y profesionales, materiales y software de la gestión de la deuda, un servicio de análisis de necesidad y diversos servicios en línea para las escuelas  y estudiantes.

 

Costo de la enseñanza legal

 

            Los costos de la enseñanza legal varían grandemente.  De acuerdo a la edición más reciente de The Official American Bar Association Guide to Approved Law Schools [La guía oficial de la Asociación Americana de Abogados a escuelas de derecho aprobadas], el costo de la matrícula solamente varía desde menos de $5,000 por año académico hasta más de $20,000 por el mismo período de tiempo.  Los costos se incrementan a $60,000 en casi todos los casos y hasta más de $100,000 en muchos casos cuando se añaden cantidades por comida, viviendas, libros, honorarios y gastos personales.  La localización geográfica de la escuela y si goza de subvenciones estatales contribuyen a la variedad de costos para las escuelas individuales.  La Asociación Nacional de Administradores de Asistencia Financiera (NASFAA por sus siglas en inglés), estima que más de un 80% de los estudiantes de derecho requieren asistencia financiera para pagar sus gastos de enseñanza legal.  En agosto de 1999, la NASFAA informó que un estudiante de derecho promedio en una escuela o universidad privada acumula $63,078 dólares en deudas.

 

            Usualmente, los estudiantes cumplen con sus gastos por medio de una combinación de recursos personales, donaciones y becas, programas de trabajo-estudio federales y préstamos.

 

Fuentes para asistencia financiera para estudiantes de derecho

 

            Los recursos personales consisten de ahorros, ganancias y contribuciones de la familia y amigos.  Las donaciones y becas son otorgamientos del gobierno (estatal o federal), la escuela de derecho o de fuentes privadas o cívicas.  Diferente a préstamos de las mismas fuentes, no tienen que pagarse.  Los fondos de programas de Trabajo-Estudio Federal están reservados para emplear estudiantes que han demostrado la necesidad financiera, y por su fuente y su necesidad de demostrar una necesidad financiera, son diferentes a las ganancias que un estudiante pudiese derivar de patrones independientes.  Los préstamos son la fuente principal de financiamiento para los estudiantes de derecho.  Básicamente, existen cuatro (4) tipos de préstamos:  préstamos federalmente garantizados, préstamos patrocinados por el estado; préstamos financiados institucionalmente, y préstamos garantizados privadamente ofrecidos por parte de prestamistas privados. 

 

Asistencia financiera federal

 

            A través de los años, los programas de asistencia financiera han buscado lograr un número de objetivos.  El Proyecto de Ley de los Veteranos de los Estados Unidos pasó para el beneficio de los veteranos regresando de la Segunda Guerra Mundial y el Informe de 1947 de la Comisión del Presidente (EE.UU.) para la Enseñanza Superior, el origen de la asistencia financiera federal moderna, para recompensar al personal veterano de guerra por su servicio durante la guerra y para restaurar la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial por lo menos al nivel que estaba antes de la guerra.  Adicionalmente, la oportunidad equitativa de enseñanza se incorporó en la política federal mencionada en el Informe de la Comisión de 1947, el cual trató, no solo la enseñanza superior en abstracto, pero además la asistencia financiera a los estudiantes.  Con respecto a ese tema, insistió que la oportunidad equitativa de la enseñanza no podría lograrse hasta que los obstáculos económicos, raciales, étnicos y sexuales fuesen superados.  Una asistencia financiera adecuada para los estudiantes era el método acordado para vencer estas desigualdades.

 

            La próxima legislación importante de asistencia financiera federal, el Acto de Enseñanza de la Defensa Nacional de 1958 (NDEA por sus siglas en inglés) tuvo una amenaza percibida por la Unión Soviética como su incentivo.  El lanzamiento del satélite Sputnik fue citado como evidencia que un pueblo educado, especialmente uno educado en avances nuevos científicos y tecnológicos, justificaba la provisión de préstamos para estudiantes.

 

            Con la promulgación del Acto de Oportunidad Equitativa en 1964, el cual estableció el Programa de Trabajo-Estudio en la Escuela y proporcionó las Donaciones de Oportunidad Equitativa (EOGs por sus siglas en inglés) y el Acto de Educación Superior de 1965, cambió el enfoque.  Ambas leyes trataban la oportunidad equitativa de enseñanza por medio de programas basados en las necesidades combinado con EOGs y Préstamos Garantizados para Estudiantes (GSLs por sus siglas en inglés).  Junto, estos ofrecían donaciones y oportunidades de trabajo para estudiantes de ingresos bajos y préstamos para estudiantes de ingresos intermedios y superiores.  Las Enmiendas de Enseñanza de 1972, incluyendo la Oportunidad de Enseñanza Básica, (BEOG por sus siglas en inglés), y las donaciones “Pell” ayudaron a concretar el compromiso para satisfacer la necesidad financiera de los estudiantes, sin tener que considerar otros factores además de los recursos económicos disponibles para ellos.  Unos años más tarde, el Acto de Asistencia de Estudiantes de Ingresos Intermedios de 1968 proporcionó aun otra fuente de asistencia financiera federal basada en la necesidad económica.

 

            La historia más reciente de asistencia financiera federal que comenzó alrededor de 1980, refleja una tensión continua entre los esfuerzos del gobierno federal de reducir drásticamente el alcance y lograr programas existentes y los éxitos anuales por parte de fuerzas opuestas para vencer esos esfuerzos y mantener los programas existentes esencialmente intactos.  La legislación reciente, ha hecho que los préstamos garantizados de estudiantes no estén disponibles para estudiantes cuyo impuesto familiar sería considerado clase intermedia-superior, y los ajustes en la ley de impuesto federal han hecho más factible para aquellos con suficientes bienes a que usen segundas hipotecas y préstamos de capital para el financiamiento de la deuda educacional.  Aquellos con suficientes bienes, por consiguiente, es probable que le den menos uso a los Préstamos Garantizados de Estudiantes y Préstamos Suplementarios de Estudiantes.  Los estudiantes con desventaja económica, quienes carecen de opciones disponibles, sin duda, continuarán dependiendo en los programas de préstamos como la fuente principal de asistencia financiera para la enseñanza superior.

 

            Con la excepción de los fondos de donaciones federales limitados para estudiantes de minorías étnicas, principalmente del Consejo de Oportunidad de Enseñanza Legal (CLEO por sus siglas en inglés) y Colegiatura de Patricia Robert Harris (anteriormente G*POP), donaciones de dinero para los estudiantes de derecho se financian por donaciones privadas y la asistencia financiera presupuestada se hizo posible estableciendo las cantidades de las matrículas a un nivel que permite que el dinero para matrículas de los estudiantes quienes tengan los medios para hacerlo, subvencionar las matrículas para los estudiantes que no pueden.

 

            Los programas de préstamos federales son las fuentes más grandes disponibles de asistencia a los estudiantes.  Los programas de asistencia financiera de los estudiantes del Departamento de Enseñanza de los EE.UU. incluyen los programas del Préstamo Federal Stafford y del Préstamo Federal Perkins.  El Préstamo Federal Stafford es un préstamo de costo bajo disponible a través del Programa de Préstamos Federal William D. Ford (FDL por sus siglas en inglés) y el Programa de Préstamos de Enseñanza Familiar Federal (FFEL por sus siglas en inglés).  El primero, se financia directamente por el gobierno de los Estados Unidos y se administra por escuelas, mientras que el último se financia por medio de prestamistas comerciales como bancos, bancos de crédito y organizaciones.  Ambos están “garantizados” por el gobierno federal.  La “garantía” asegura que los prestamistas recibirán pagos del préstamo del garante, si el prestatario no lo reembolsa.

 

            El Programa de Préstamo Federal Stafford se puede subvencionar o desubvencionar.  Si el préstamo es subvencionado, debe otorgarse, basado en la necesidad financiera del estudiante y el gobierno federal paga los intereses pagaderos del préstamo, mientras que el prestatario está en la escuela y durante  períodos de indulgencia aprobados.  Los préstamos desubvencionados no se basan en la necesidad financiera y los intereses comienzan a devengarse inmediatamente a medida que los fondos se desembolsan.  El prestatario puede pagar el interés contra su factura o permitir que se añadan a la cantidad del principal durante períodos de indulgencia.  Estos préstamos desubvencionados se pueden usar para satisfacer necesidades financieras que no estén cubiertas por otras asistencias financieras o recursos personales.  El Préstamo Federal Stafford máximo subvencionado por año es actualmente $8,500.  El máximo anual combinado actual de Préstamos Federales Stafford subvencionados y desubvencionados es $18,500.  El máximo acumulado es $138,500, del cual no más de $65,500 pueden ser fondos subvencionados.

 

            El Préstamo Federal Perkins es ambos garantizado y subvencionado federalmente y se administra por la escuela de asistencia.  Su intención es ofrecer préstamos con intereses bajos para estudiantes que demuestran una necesidad financiera significante.  Los fondos se proporcionan por parte del gobierno federal, pero la escuela actúa como el prestamista.  La cantidad exacta ofrecida a un estudiante depende de la disponibilidad de los fondos y de la cantidad de sus necesidades financieras, pero no puede exceder $5,000.

 

Programas financiados por el estado

 

            Algunos estados ofrecen programas de donaciones o préstamos.  El poder calificar para estos programas lo define la ley del estado y varía de un estado al otro.  Algunos requieren la necesidad financiera, mientras que otros se otorgan en base a criterios relacionados con logros o potencial académico.

 

Fondos institucionales

 

            Algunas escuelas de derecho poseen fondos institucionales, los cuales se pueden ofrecer para aquellos estudiantes que califiquen.  Igual que los programas financiados por los estados indicados anteriormente, la calificación para estos fondos varía de una escuela a otra.  Los criterios se pueden basar en logros o potenciales académicos, en necesidad financiera o en algunos casos, en objetivos, tales como inscribiendo un grupo diverso de estudiantes que son característicos para esa institución.  Cualquiera que sea el caso, usualmente depende del personal de asistencia financiera de la Escuela de Asistencia para determinar quien califica para aplicar a esos fondos.

 

Préstamos privados suplementarios garantizados

 

            Como indicado anteriormente, lo más que un prestatario puede recibir anualmente a través de los programas federales garantizados, (FDL o FFEL) es $18,500.  Esta cantidad, suplementada por recursos personales, donaciones y becas, no puede satisfacer el costo total de participación en escuelas de derecho privadas o las escuelas de derecho públicas más costosas.  Los programas de préstamos privados garantizados se recomiendan para asistir a los prestatarios para llenar este vacío.  Existe un gran número de programas de préstamos privados garantizados disponibles que no están basados en las necesidades financieras y son propensos a tener tasas de intereses y honorarios más altos que los programas de préstamos federales o del estado.  Los programas privados de préstamos, distinto a los programas garantizados federalmente, dependen bastante en el historial de crédito del prestatario.  Como resultado, es posible que los prestatarios en la misma escuela, paguen diferentes honorarios y cantidades de intereses basados en su previa historia de crédito y su posición crediticia actual.  Para calificar para programas de préstamos privados, un prestatario tiene que satisfacer las pautas de calificación federales además de tener una calificación de crédito favorable.  Adicionalmente, algunos programas de préstamos (préstamo privado, estatal e institucional) requieren que el prestatario obtenga un cofirmante con buen crédito para poder pedir un préstamo.  La solicitud con un cofirmante con buen crédito puede reducir el costo del préstamo y ofrecerle los medios al prestatario de satisfacer los requisitos de crédito del programa de préstamo privado que de otra forma no lo puede hacer.

 

Préstamos de exámenes de la Asociación de Abogados

 

            Algunos programas de préstamos privadamente garantizados ofrecen préstamos de exámenes de la Asociación de Abogados para asistir a los estudiantes de derecho a cumplir con el costo de un curso de estudio de la Asociación de Abogados y otros gastos educacionales relacionados con la preparación de los exámenes de la Asociación de Abogados.

 

Reembolso e indulgencia

 

            El reembolso se difiere en ambos los préstamos subvencionados y desubvencionados federales Stafford, siempre y cuando el prestatario esté inscrito por lo menos la mitad del tiempo como estudiante, en busca de un título o certificado.  El reembolso comienza seis (6) meses después que el prestatario se gradúa o para de estar inscrito un mínimo de la mitad del tiempo.  El período de reembolso se extiende a diez años y no hay ninguna penalidad por pago adelantado. 

 

            Actualmente, existen un número de opciones de reembolsos para los prestatarios del Préstamo Federal Stafford.  Estos incluyen reembolso estándar (a nivel), reembolso de graduado, reembolso extendido, reembolso dependiendo del ingreso, (Programa de FDL solamente) y reembolso sensitivo al ingreso (Programa de FFEL solamente).  Los prestamistas también tienen la opción de financiar de nuevo préstamos de enseñanza federal a través del programa de Préstamo de Consolidación Federal.  Usando cualquier opción de reembolso, que no sea el reembolso estándar (a nivel), puede reducir la cantidad que hay que pagar cada mes por lo menos provisionalmente, y generalmente se usa cuando el prestatario anticipa que él o ella no podrá pagar la cantidad mínima del préstamo requerido bajo el plan normal.  Sin embargo, también aumentará el costo total del préstamo debido a aumentos en los cargos financieros devengando sobre el principal del préstamo.  Muchos programas de préstamos privados también ofrecen opciones de reembolso, y varían de acuerdo a los prestatarios.  Mientras que el período de reembolso varía entre los programas de préstamos privados, generalmente, se extiende entre 15 y 25 años.

 

Deuda

 

            Con el promedio de deuda creciente entre los graduados de escuelas de derecho, y la desigualdad incremental entre los salarios legales del sector privado y sector público, existe una inquietud general sobre los efectos de la deuda con respecto a la selección de una carrera.  A medida que la deuda aumenta, menos estudiantes tienen los medios para poder desempeñar posiciones iniciales en un campo legal dentro del límite de salarios bajos, específicamente en el área de derecho de interés público.

 

            Un resultado de esta inquietud creciente son los Programas de Asistencia de Reembolso de Préstamos (LRAP por sus siglas en inglés).  Los LRAPs son programas patrocinados por las escuelas que asisten a reembolsar los gastos de enseñanza legal de los graduados de derecho que toman posiciones dentro del derecho de interés público, los cuales generalmente ofrecen salarios iniciales más bajos que las posiciones de derecho en la práctica privada.  Muchas de estas escuelas perdonan los préstamos de los graduados que sirven en posiciones dentro del interés público o no lucrativas.