ENSEÑANZA DEL DERECHO EN ARGENTINA Y EN OTROS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

Mónica Pinto, la Universidad  de Buenos Aires, Argentina

 

 

 

 

Introducción

            La enseñanza del Derecho en la mayoría de los países de América Latina se imparte en instituciones públicas y en facultades de Derecho privadas.

 

            En Argentina hay 17 facultades públicas de Derecho y cada una depende de las diferentes universidades nacionales localizadas en todo el país. La matrícula es gratuita en todas esas universidades y los estudiantes sólo deben pagar una pequeña cantidad. Ésta es una característica común de la educación en el país, y ha sido el factor fundamental en la dinámica de los movimientos sociales y en el establecimiento de una clase media profesional. A partir de 1958 se permitió el establecimiento de facultades privadas y desde entonces fueron fundadas unas cuantas universidades confesionales. En la actualidad hay una gran cantidad de facultades de Derecho privadas en el país, la mayoría con orientaciones propias (por ejemplo, confesionales, de negocio, etc.).

 

            En Uruguay sólo hay una facultad de Derecho pública que otorga la licenciatura en Derecho, la Universidad de la República. En 1985, la Universidad Católica comenzó a ofrecer cursos, seguida de inmediato por otras instituciones privadas. Al igual que en Argentina, la universidad pública es gratuita.

 

            En Paraguay y Bolivia hay una docena de instituciones universitarias, algunas de las cuales están dedicadas a la enseñanza del Derecho.

 

            Chile sigue el mismo patrón, con algunas universidades públicas y otras privadas¹.

 

            Las universidades brasileñas son diferentes, ya que pueden ser federales, locales (o sea, establecidas por el gobierno federal o por el gobierno de las ciudades) y privadas².

            En todos los casos, la creación de Mercosur por medio del Tratado de Asunción en 1991 abrió el camino para la adopción de reglas que coordinan e incluso reconocen los títulos universitarios en la región. Aún más, se estableció una asociación de universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ³, el llamado Grupo de Montevideo(4), y la primera reunión de decanos de facultades de Derecho se efectuó en diciembre de 1999.

 

            Todos esos países comparten el régimen de Derecho Continental, y han heredado el patrón de cátedras de las universidades europeas y su currículo de un ciclo.

 

            Como promedio, los estudios de Derecho duran de 5 a 6 años, y para poder obtener un título en Derecho los estudiantes tienen que aprobar de 28 a 35 cursos obligatorios de todas las ramas del Derecho e incluso un curso práctico de litigios.

 

            En Argentina, las universidades otorgan un primer título en Derecho (profesional), y en la mayoría de los países el Colegio de Abogados reconoce a los ex alumnos sin necesidad de ninguna otra prueba de competencia.

 

Currículo

            Según se estableció antes, la mayoría de las facultades de Derecho públicas y privadas en Argentina han adoptado el currículo de un ciclo formado por 26 a 35 cursos obligatorios. La enseñanza se programa por años, de acuerdo con una visión progresiva del Derecho. Por esa razón, los primeros cursos son Introducción al Derecho o Teoría General del Derecho (Jurisprudencia), de los que se imparten Teoría del Estado, Derecho Constitucional (usualmente en dos o tres partes para cubrir los principios generales y las principales instituciones, la Constitución Nacional y Local y el Derecho Comparativo); Derecho Civil (Instituciones Generales, Obligaciones, Contratos, Bienes Raíces, Leyes sobre la Familia, Leyes de Sucesión); Derecho Penal; Derecho Mercantil (Obligaciones Comerciales y Contratos, Sociedades Mercantiles); Derecho Laboral y Seguridad Social; Derecho Administrativo; Procedimientos (Civiles y Criminales); Derecho Internacional Público; Conflictos de las Leyes; Análisis Económico y Financiero; Sociología; Historia; Leyes sobre los Recursos Naturales y el Ambiente.

 

            Para aprobar los exámenes, los estudiantes deben asistir a clases (generalmente se requiere 75% de asistencia) o estudiar por la libre. Las evaluaciones son escritas y orales.

 

            La facultad de Derecho de la Universidad  de Buenos Aires(5) adoptó un currículo de tres años que reúne las características de las principales universidades europeas (debido a su gran cantidad de estudiantes) y las de los seminarios y talleres de las universidades norteamericanas, que tienen un sistema de créditos. A continuación ofrecemos informes por separado.

 

            La Universidad Nacional de La Plata(6) ha aprobado un currículo de cinco años con 31 cursos obligatorios. La facultad de Derecho tiene un sistema mixto de clases y ofrece cursos a aquellos estudiantes que harán todos sus exámenes, además del examen final, ante un jurado de tres miembros; cursos especiales para los estudiantes que califiquen debido a las notas que ya han obtenido y que aprueben el curso debido a su participación en clases y a los exámenes escritos que han aprobado; y cursos de litigios. A los estudiantes se les evalúa por medio de exámenes escritos y orales. Unos pocos cursos son prácticas de casos y otras materias.

 

            La facultad de Derecho de la Universidad de Rosario(7) ofrece seis años de estudios con cuatro cursos de un año y 26 cursos distribuidos en semestres o durante todo el año. Las materias estudiadas corresponden a las principales ramas del Derecho. También se ofrece un curso de litigios generales. Esta facultad comparte los mismos métodos de la facultad de Derecho de la Universidad del Litoral(8), de la que fue separada hace algunos años.

 

            La facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba(9) ha enmendado recientemente su currículo. En la actualidad, los estudiantes tienen que matricularse en 31 cursos obligatorios después de seis años de estudios y tener una asistencia de 1.770 horas de clases en total.

 

            En todas las universidades públicas de Argentina, el currículo es adoptado por el Consejo Directivo de la facultad de Derecho, que está integrado por miembros de la facultad, ex alumnos, estudiantes y el Consejo Universitario, que está integrado por los decanos de todas las escuelas y representantes de los sectores antes mencionados. 

 

            En el sector privado, las universidades confesionales fueron fundadas a finales de la década de los 50 -la Universidad del Salvador, una institución administrada y financiada por la congregación de los Jesuitas, en 1957; y la Universidad Católica de Argentina en 1958-, y esa cantidad aumentó con la fundación en 1995 de la Universidad Austral, una institución financiada por Opus Dei. En la década de los 90 se fundaron nuevas instituciones que importaron y adaptaron el modelo de universidades extranjeras, la mayoría norteamericanas. En todos los casos, el currículo tiene de 30 a 42 cursos  para los estudiantes que están autorizados a tomar todos los cursos correspondientes a su nivel. Sólo la recientemente creada Universidad Di Tella tiene un currículo de 140 créditos que aún no se ha podido evaluar porque fue establecido hace sólo tres años.

 

            En Argentina, la Junta o el presidente de las facultades de Derecho privadas son quienes aprueban el currículo con la asistencia de decanos o de directores.

 

            El objetivo de Uruguay es diferente  porque sólo tiene una universidad pública, la Universidad de la República(10), que fue fundada en 1836 como una facultad de Ciencias Jurídicas. El currículo de esa facultad es de 40 cursos distribuidos en seis años y  con una asistencia de 422 horas. Su sistema de cursos tiene el mismo patrón que el de la Universidad de La Plata. El título que otorga es el de Juris Doctor (J.D.), que es diferente al otorgado en el resto de la región y está considerado como un título profesional, aunque de ninguna forma equivalente al doctorado.

 

            En el sector privado, la Universidad de Montevideo(11), en Uruguay, ofrece diez semestres con asistencia obligatoria a las clases. El currículo hace énfasis en los negocios, así como en otros aspectos orientados a la integración, concretamente las instituciones de Derecho Común (métodos legales, normas básicas de contratos y daños legales extracontractuales, contratos comerciales internacionales, litigios y resolución alternativa de disputas, sociedades mercantiles, regulaciones de activos financieros y mercados de capital), idioma legal portugués y algunos temas confesionales, como Derecho Natural, Teología, Ética, Deontología, Doctrina Social de la Iglesia Católica.

 

            En Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción (UNA)(12) ha establecido su sede en Asunción, pero tiene filiales en Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero y San Juan Bautista de las Misiones. Después de un siglo de fundada, la UNA ha hecho renovados esfuerzos para consolidar la carrera jurídica en su país. Su currículo de un ciclo tiene 41 cursos, que deben ser aprobados por medio de exámenes. Otorga un título profesional en Derecho.

 

            En Bolivia, la Universidad Mayor San Andrés(13) comenzó a preparar a estudiantes de Derecho desde 1830. En realidad, la antigua Universidad de Chuquisaca y la Universidad de Córdoba en Argentina fueron pioneras de los estudios de Derecho y contribuyeron a la formación de magníficos líderes en el período independentista. Sus cursos de Derecho están estructurados en cinco niveles, con 36 cursos distribuidos en cuatro áreas: Derecho Civil, Derecho Penal, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Los estudiantes reciben un primer título de Derecho que no los habilita para ocuparse de los litigios (licenciado en Derecho). Al igual que otras universidades públicas de la región, la Universidad Mayor de San Andrés está gobernada por representantes de los estudiantes y de la facultad.

 

            Las instituciones públicas y privadas en Uruguay y Paraguay comparten las principales características de las argentinas.

 

Procedimiento de admisión

            En casi todas las facultades de Derecho públicas de la región no existen requisitos previos para la admisión, excepto el certificado de bachillerato. En el sector privado, los procedimientos de admisión son aplicados indirectamente debido a  limitaciones económicas o intelectuales.

 

Estudiantes

            Las estadísticas sobre la población estudiantil aparecen en el anexo. Una enorme parte de esa población corresponde a estudiantes que no son licenciados (de hecho, las cifras sólo se refieren a los estudiantes que no tienen la licenciatura). Como la matrícula en las universidades públicas es gratuita, según se explica en la introducción de este informe, los estudiantes pertenecen a todas las clases sociales. La enseñanza elemental está garantizada y es gratuita y obligatoria en la mayoría de los países nombrados en este informe. En la actualidad, al menos 75% de los estudiantes de Derecho de las universidades públicas acuden a tiempo parcial, ya que tienen algún tipo de empleo formal o informal.

 

            La población de las universidades privadas pertenece a las clases media alta o alta. No obstante, la mayor parte de las facultades de Derecho privadas ofrecen becas. Aun más, algunas instituciones cuya prioridad es un alto nivel de excelencia -y que, por tanto, tienen un sistema estructurado de enseñanza y aprendizaje en pequeños grupos y a costos muy altos- se han visto obligadas a reclutar a algunos de sus estudiantes provenientes de la clase media ofreciéndoles algún tipo de exoneración en relación con la matrícula.

 

            Todas las facultades de Derecho ofrecen cursos para licenciados que generalmente son para obtener un Máster en Derecho (LL.M.) y un Doctorado en Ciencias Jurídicas (J.S.D.), así como otros programas para licenciados.

Miembros de la facultad

            En las universidades públicas de los tres países los miembros de la facultad son contratados mediante una selección pública, según sus antecedentes y después que hacen pruebas para determinar su capacidad docente. Los profesores locales y extranjeros son invitados a participar como miembros de un jurado cuyas opiniones tienen que ser consideradas por el consejo directivo de la facultad de Derecho y después por el consejo de la universidad en cuestión, que es quien decide otorgar el puesto.

 

            Los contratos tienen una duración de 5 a 7 años y pueden ser renovados. Las universidades públicas de los países mencionados no ofrecen cátedras permanentes.

 

            La estructura de la facultad se basa en los modelos europeos, como profesor de cátedra o de tiempo completo, profesor adjunto, profesor asistente y asistentes.

 

            Los profesores de las universidades privadas son contratados según sus conocimientos y su capacidad docente.

 

Ex alumnos

            La mayoría de las universidades americanas preparan a sus estudiantes para el ejercicio del Derecho y también para la administración pública, las investigaciones, la docencia y la judicatura. Actualmente, nuestros países tienen una gran cantidad de graduados de Derecho que no ejercen en el sentido estricto de la palabra debido al tipo de título que tienen. Este fenómeno ha alcanzado a las compañías y otras instituciones donde el título de Derecho constituye un requisito y les proporciona una plataforma uniforme en relación con los enfoques teóricos.

 

Regulaciones de Mercosur 

            La enseñanza no es un aspecto que se menciona expresamente en el Tratado de Asunción que estableció el Mercosur (Mercado Común del Sur) entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

            En diciembre de 1991, durante una reunión de los ministros de Educación, fue adoptado un protocolo para establecer un comité de coordinación regional y comenzar a trabajar en tres áreas, concretamente para crear una conciencia ciudadana positiva referente a la integración, la formación de recursos humanos y la coordinación de las leyes.

 

            A principios de esa relación, y también para Bolivia y Chile, se acordó que los títulos de bachillerato serían válidos inmediatamente con el propósito de permitir las solicitudes de matrícula en las universidades y otorgar la mayor parte de los títulos universitarios para cursos de posgrado solamente.

 

            En junio de 1998, se estableció un sistema facultativo para evaluar los estudios de licenciatura y se crearon comités en cada país para su aplicar ese sistema.

 

            En junio de 1999, el Consejo del Mercado Común aprobó un acuerdo que concedía igual validez tanto a los primeros títulos universitarios básicos como a los de posgraduados sólo para docencia e investigaciones. En el acuerdo se incluye una cláusula de nación más favorecida.

 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

            La Universidad de Buenos Aires (UBA) se basa legalmente en un edicto del 12 de agosto de 1821 y funciona de acuerdo con la ley 23.068, la orden ejecutiva 154/83 y el estatuto universitario establecido por la Asamblea Universitaria el 28 de octubre de 1958, con enmiendas aprobadas el 22 de julio de 1960 y el 11 de noviembre de 1960 respectivamente.

 

            La Universidad de Buenos Aires es una organización pública cuyo objetivo es la promoción, difusión y preservación de la cultura. En ese contexto, se han establecido trece facultades y un ciclo básico y común para todas.

 

            La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es una institución pública, una de las trece escuelas o facultades de la Universidad de Buenos Aires que es autónoma del gobierno y del Ministerio de Educación, incluso aunque esté autorizada por este último para otorgar un primer título básico de Derecho. Al igual que cada unidad académica en la UBA, la facultad de Derecho está dirigida por un decano y un consejo Directivo compuesto por representantes de la facultad, estudiantes y ex alumnos. Todos son nombrados después de efectuarse elecciones en sus circunscripciones respectivas. El decano y el decano adjunto son nombrados por el Consejo que, después de proponer al decano, también nombra a los secretarios de Asuntos Académicos, Finanzas, Investigaciones y Doctorado, Relaciones Institucionales y Actividades Comunitarias.

 

            El currículo fue aprobado en 1985 por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires mediante la resolución 809. La enseñanza está dividida en tres ciclos: ciclo básico común, ciclo profesional común y ciclo de orientación profesional.

 

            El ciclo básico común (CBC) es el primer año de todos los títulos ofrecido por la UBA. Ha sido concebido como un curso preparatorio para proporcionar a los estudiantes un período balanceado y diferentes tipos de estudios. La administración del CBC se concentra en un área académica para todos los estudiantes de la UBA. Esa área académica consiste en seis cursos que deben ser aprobados para poder pasar al siguiente ciclo: dos cursos que son comunes a todas las carreras universitarias (Introducción al Estado y la Sociedad e Introducción al Pensamiento Científico); dos cursos comunes a todas las carreras de ciencias sociales (Ciencias Políticas y Sociología); y dos cursos específicos para los estudiantes de Derecho (Derecho y Economía).

 

            El ciclo profesional común (CPC) consiste en 14 cursos, dos de los cuales son anuales y los otros se ofrecen por semestre, dos veces a la semana y en clases de una hora y media cada una: Jurisprudencia (Filosofía Jurídica), Teoría del Estado, Derechos Humanos y Garantías, Elementos del Derecho Civil, Elementos del Derecho Constitucional, Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales (anual), Elementos de los Procedimientos Civiles, Elementos del Derecho Penal y Procedimientos Criminales (anual), Elementos de los Bienes Raíces, Elementos del Derecho Administrativo, Elementos del Derecho Laboral y la Seguridad Social, Elementos del Derecho Mercantil, Análisis Económico y Financiero. Los estudiantes que aprueben este ciclo obtienen un título de Licenciado en Derecho.

 

El ciclo profesional orientado (CPO) está formado por tres cursos obligatorios: Derecho Internacional Público, Sociedades Civiles y Mercantiles, Leyes sobre la Familia y de Sucesión, y 52 créditos distribuidos de la siguiente forma:

-         4 créditos en el Departamento de Ciencias Sociales

-         4 créditos en el Departamento de Filosofía Jurídica

-         8 créditos en el Departamento de Prácticas Profesionales

-         16 créditos en al menos dos departamentos diferentes

-         20 créditos en el campo seleccionado

 

Los estudiantes que aprueban este ciclo obtienen un título de abogado y una certificación de la orientación seleccionada. Las prácticas profesionales no están limitadas a esa rama del Derecho.

 

            En relación con las prácticas profesionales, se utilizan grandes recursos para mejorar la calidad de los servicios proporcionados por medio de una oficina legal a los estudiantes y a la comunidad en general. Para ese fin se han establecido acuerdos con algunas organizaciones no gubernamentales (la mayoría de derechos humanos), cursos sobre Derechos del Niño, y se han establecido litigios en áreas especiales y resoluciones de disputas civiles, criminales, administrativas y alternativas.

 

            Con este currículo de tres ciclos, la facultad de Derecho puede ofrecer cursos grandes en el CPC (un máximo de 80 estudiantes) y seminarios pequeños en el CPO (no más de 30 personas), lo que representa una buena combinación de los currículos de las grandes universidades públicas europeas y de las pequeñas y selectivas facultades norteamericanas.

 

            El propósito de la Facultad de Derecho de la UBA es proporcionar a sus estudiantes una sólida formación básica para que puedan conocer los conceptos, las instituciones y los conocimientos, así como el manejo de los instrumentos legales apropiados para el enfoque del análisis legal en las situaciones diarias.

 

            Para ese fin, los catorce cursos obligatorios del CPC y los tres del CPO que son comunes a todas las orientaciones proporcionan un contexto en el que el conocimiento de las reglas, los principios generales, la doctrina legal, así como el Derecho Jurisprudencial tienen que alcanzarse por medio de las actividades de aprendizaje y docencia que promueven el razonamiento, las lecturas legales, el análisis crítico desde un punto de vista legal, así como desde otras perspectivas, con el objetivo de encontrar una solución o por medio de la utilización de métodos alternativos para la resolución de disputas.

 

            Debido a esto, los estudiantes que llegan al COP tienen que tomar 20 créditos de su orientación principal, porque los otros 16 créditos tienen que ser distribuidos en al menos dos áreas diferentes; 4 créditos de Jurisprudencia y 4 de Ciencias Sociales. Los otros 8 créditos son de cursos obligatorios de litigios ofrecidos en organizaciones no gubernamentales y en la propia clínica legal gratuita de la facultad de Derecho donde los estudiantes tienen que actuar como abogados en casos reales y bajo la supervisión de un profesor.

 

            En el tercer ciclo, el estudiante tiene que enfrentarse a temas fundamentales (no sólo básicos) de las áreas de interés que ha seleccionado, y a temas actuales que tienen que ser complementados por otros. Los seminarios ofrecidos para ese propósito tienen un formato de taller de trabajo.

 

            El objetivo de este esquema es un graduado con un razonamiento que sea lo suficientemente jurídico como para tener claras las situaciones, las lecturas legales, los posibles diagnósticos y las vías de acción que tendrá que enfrentar. Nuestro graduado tiene que desarrollar sus aptitudes para formarse constantemente en su disciplina principal o en otras relacionadas con la misma.

 

            La enseñanza se desarrolla en dos períodos académicos o semestres: el primero comienza en la segunda semana de marzo y termina a finales de junio, y el segundo comienza en la segunda semana de agosto y termina en la última semana de noviembre.

 

            Existen requisitos para la inscripción en diferentes cursos que no son aplicados a los estudiantes extranjeros. La facultad de Derecho permite hasta tres cursos en el CPC y 12 créditos en cada semestre del COP. Nuestro currículo, que tiene un promedio de 1.500 cursos, es rico y variado. El índice de asignación que hemos alcanzado es de 96% en horarios que comienzan a las 7:30 a.m. y terminan a las 10:30 p.m., lo que significa que 96% de nuestros estudiantes obtienen cursos y sólo 4% no los obtienen.

 

            Como principal facultad de Derecho en el país,  la nuestra cuenta con muchos de los principales abogados y eruditos de Argentina entre los miembros de su facultad. Los miembros de la facultad son contratados después de una selección pública basada en sus antecedentes y en pruebas para determinar su capacidad docente. Al igual que en las universidades europeas, la enseñanza está estructurada en cátedras.

 

            Desde 1996, estamos invirtiendo en programas de cooperación con instituciones extranjeras, y nos concentramos principalmente en el intercambio de estudiantes y profesores. Comenzamos con un programa de posgrado con la Universidad Católica de Louvain y la Universidad de París-Sorbona (París I) sobre Derecho de Sociedades Mercantiles y Contratos. En Estados Unidos, comenzamos nuestro intercambio con la Facultad de Derecho de Columbia en 1996.  Hasta ahora, hemos recibido siete estudiantes de Columbia y tres miembros de la facultad, y enviamos dos de nuestros estudiantes en enero del 2000. Más o menos tenemos el mismo tipo de compromiso con la Facultad de Derecho de Tulane y la de Boston, con la que sólo estamos comenzando el intercambio. De forma no convencional, hemos recibido estudiantes de la Universidad de Colorado en Boulder y de la Universidad de Miami en Coral Gables. En Europa hemos establecido un acuerdo con la Universidad de París Panthéon-Assas (París II), por medio del cual dos de nuestros estudiantes están estudiando allá actualmente y tres estudiantes de París II ya están estudiando con nosotros. Miembros de la facultad también están visitando ambas instituciones. El año pasado firmamos un acuerdo con la Universidad de Orleans.

 

            Se ha comprobado que todos esos acuerdos han sido muy importantes para el desarrollo de nuestras ofertas a la magnífica y gran población estudiantil de la UBA. La participación temprana en tribunales ficticios contribuyó en gran medida a ese fin.

 

            Durante los últimos cinco años, la Facultad de Derecho de la UBA ha participado en varias actividades: la Competencia Philipp Jessup de Tribunales Ficticios de Derecho Internacional, auspiciada por la Sociedad Americana de Derecho Internacional; la Competencia Interamericana de Tribunales Ficticios de Derechos Humanos, organizada por la Universidad Americana, donde hemos ganado dos veces; el Tribunal Ficticio Jean Pictet de Derecho Humanitario Internacional, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde alcanzamos el segundo lugar el año pasado; y en el Tribunal Ficticio de Arbitraje Comercial Internacional Willem C. Vis.

 

            Los estudios jurídicos de posgrado en la UBA son diversos, y cuentan con más de veinte cursos independientes, nueve programas(14) de especialización para licenciados en Derecho (Derecho Penal, Leyes sobre los Recursos Naturales, Leyes sobre la Familia, Sociología, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, Administración de la Justicia), más de veinte programas(15) actualizados para licenciados, un Máster en Relaciones Internacionales y un Doctorado en Ciencia Jurídicas. 

 

            En julio y agosto se ofrece un programa de verano en cuatro áreas diferentes para los licenciados locales, así como para los que proceden de otras universidades del país y extranjeras. Los cursos ofrecidos por los profesores visitantes están organizados por materias y se imparten en inglés.

 

            La globalización no le ha aportado más recursos a nuestras universidades públicas, pero nos proporciona la posibilidad de mejorar nuestras relaciones con otras instituciones. Durante los últimos años hemos mejorado nuestro producto, y el reto que enfrentamos es ofrecer un servicio gratuito y de calidad a una gran población y con sólo un compromiso ideológico: la constitución nacional y la democracia.

 

 


(1)     En este caso, los educadores jurídicos de cada país presentarán un documento en este seminario.

(2)     Lo mismo.

(3)     Universidades de Buenos Aires, Nacional de Entre Ríos (no tiene facultad de Derecho), Nacional del Litoral, Nacional de La Plata, Nacional de Rosario y Nacional de Córdoba, de Argentina; Universidades Federales de Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santa Catarina, São Carlos, do Parana, Universidade Estadual de Campinas, de Brasil; Universidad Nacional de Asunción, de Paraguay; y Universidad de la República, de Uruguay.

(4)     http://www.grupomontevideo.edu.uy

(5)     http://www.fder.uba.ar

(6)     http://www.unlp.edu.ar

(7)     http://www.200.3.125//.carrgr.html

(8)     http://www.unl.edu.ar/facultad/fcjs

(9)     http://www.uncor.edu

(10)  http://www.rau.edu.uy

(11)  http://www.um.edu.uy

(12)  http://www.una.py/derecho

(13)  http://www.umsanet.edu.bo

(14) Estos programas requieren de 368 a 400 horas (23 a 25 créditos).

(15) Mínimo de 128 horas (8 créditos)


 

ESTUDIAR ABOGACÍA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA

 

            Desde 1986, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha puesto en práctica un Plan de Estudios de Abogacía, aprobado en 1985, que estructura la enseñanza en ciclos: un ciclo básico común integrado por seis asignaturas, dos de las cuales son comunes a todas las carreras de la Universidad; un ciclo profesional común de catorce materias básicas que persigue el objetivo de dotar al estudiante de los elementos centrales de cada una de las ramas del derecho de modo de construir su formación básica y un ciclo profesional orientado en el que tres materias son comunes a todas las orientaciones y que se compone de cincuenta y dos créditos, incluídos los de enseñanza profesional práctica.

 

Este plan de estudios -que reconoce títulos intermedios como el de Bachiller en Derecho y títulos menores como el de Procurador- persigue diversos objetivos. Desde el prisma de la organización administrativa, permite que el 97,8% de los casi 27.000 estudiantes activos de la facultad sean asignados a los diversos cursos, con un esquema básico de no más de 80 estudiantes en el CPC y seminarios de aproximadamente 35 personas en el C.P.O., en lo que resulta ser una versión libre de las mejores universidades públicas europeas y privadas americanas. Desde el ángulo pedagógico, ello traduce la idea de que la mejor enseñanza es la que puede hacerse en un sistema en el que los profesores -la planta regular es de 902- puedan conducir a los estudiantes, reduciendo la práctica del examen libre que, no obstante, se mantiene a disposición en todas las asignaturas obligatorias. Asimismo, se estimulan las técnicas participativas de enseñanza-aprendizaje que, sin reemplazar la tradicional modalidad de la clase magistral, se combinan con ella. Con miras al futuro, esta estructura en ciclos permite construir una base sólida de conocimientos en la que el estudiante se dote de herramientas y destrezas que le permitan afrontar un futuro en el que las normas con la que deba tratar serán, casi con seguridad, ampliamente superadoras de las vigentes en su período de formación. La enseñanza de grado se prolonga, a través del programa UBA XXII, a las unidades del Servicio Penitenciario Federal de Devoto y Caseros.

 

La calidad de la enseñanza ha avanzado. La enorme mayoría de los profesores de la facultad son designados luego de concursos de antecedentes y oposición de carácter público con intervención de jurados generalmente ajenos a esta casa de estudios. El pluralismo característico de nuestra casa se ve reflejado en los resultados de los concursos, lo que permite enriquecer notablemente la enseñanza que se brinda. En 1999 se ha concretado un programa piloto de evaluación de la calidad docente que se espera generalizar en el 2000.

 

La práctica profesional se ha visto fortalecida por una mejor organización de los modos en que se imparte; se han comenzado a concursar cargos docentes en esta área y se han celebrado convenios con asociaciones civiles que permiten ofrecer cursos de práctica profesional con orientación en derechos humanos, en derechos del niño, así como los tradicionales en derecho penal, civil, notarial, previsional y mediación.

 

Se han celebrado convenios de intercambio con universidades de los EE.UU. y Europa en virtud de los cuales nuestros estudiantes de C.P.O. -luego de rigurosos procesos de selección- pueden cursar un semestre en el exterior. También hemos adquirido el hábito de participar en certámenes internacionales de alegatos con resultados siempre crecientes en orden de mérito.

 

La oferta de cursos de posgrado es abundante y variada. A los cursos independientes sobre cuestiones de interés y actualidad se suman ocho Carreras  y un Programa de Especialización, 21 Programas de Actualización, dos Programas Interdisciplinarios, una Maestría en Relaciones Internacionales y el Doctorado. El necesario acompañamiento de estos estudios ha sido la reestructuración y reequipamiento de la Biblioteca de la Facultad.

 

Magnitud, calidad, gratuidad, laicidad y compromiso democrático son valores que nuestra institución preserva y se esfuerza en concretar en su práctica cotidiana.

 

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